Expropiación de terrenos ligados a “Alito” Moreno en Campeche: ¿Venganza política?
Campeche, 1 de octubre de 2025 – El gobierno de Campeche, encabezado por la morenista Layda Sansores, expropió cuatro predios con una extensión total de ocho hectáreas en el exclusivo fraccionamiento Miramar, vinculados al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas. La medida, publicada en el Periódico Oficial del Estado, declara de “utilidad pública” los terrenos para construir la Universidad de la Salud de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, un proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum para ampliar la cobertura educativa en ciencias de la salud.
Los predios incluyen uno de 1.4 hectáreas a nombre de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre de Moreno, y dos más registrados a favor de Juan José Salazar Ferrer, empresario constructor y presunto prestanombres del líder priista, con superficies de 1,111.245 m² y 52,175 m², respectivamente. Un cuarto terreno de 20,081 m² pertenece a Rafael Arturo y Gabriela Castilla Azar, este último actual coordinador de la Oficina de la Gobernadora. Estos inmuebles, colindantes con la mansión de Moreno –valorada en más de 300 millones de pesos y cateada en 2022 por la Fiscalía estatal–, formaban parte de un conjunto que incluía amenidades como canchas de pádel, golf y jardines para fiestas.
Sansores celebró la expropiación en su programa “Martes del Jaguar” como “un acto de justicia”, argumentando que los terrenos fueron adquiridos por Moreno a precios irrisorios –como 30 centavos por metro cuadrado– durante su gubernatura (2015-2019), posiblemente con recursos de corrupción y lavado de dinero, según acusaciones de la propia Sheinbaum. “No hay otras alternativas: a todo le puso prestanombres. Los amparos no valdrán; se puede negociar el precio, pero la utilidad pública avanza”, enfatizó la mandataria, refiriéndose a la reciente reforma a la Ley de Expropiación aprobada el 3 de septiembre por mayoría morenista –apodada “Ley Alito” por la oposición– que reduce a cinco días el plazo para alegatos, extiende hasta diez años el pago de indemnizaciones y deja la valuación en manos del Ejecutivo.
La medida, justificada por un dictamen técnico-jurídico del 26 de septiembre (expediente 001/SEGOB/SUBAJyDH/2025), ha desatado críticas del PRI y Moreno, quien la califica de “persecución política y autoritarismo”. Legisladores opositores advierten que vulnera derechos de propiedad privada y podría usarse contra cualquier ciudadano. Mientras, la gobernadora asegura que el proyecto beneficiará a la población campechana, reutilizando espacios “adelantados” por el exmandatario, como bardas y caminos internos. Los afectados tienen cinco días hábiles para oponerse, pero el proceso avanza bajo el marco constitucional para reforzar el derecho a la educación.
