¿Por qué la Constitución exige que el Fiscal General sea autónomo? El espíritu de la reforma que México aún no termina de cumplir
Ciudad de México, 1 de diciembre de 2025 (Es Informativo).– En medio del relevo en la Fiscalía General de la República (FGR) tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero y la designación interina de Ernestina Godoy, vuelve al centro del debate una pregunta clave: ¿por qué la Constitución mexicana exige que el Fiscal General sea un órgano autónomo y no dependa del Presidente de la República?
La respuesta está en el artículo 102 constitucional, reformado en febrero de 2014 con el voto unánime de todos los partidos: el Ministerio Público debe ser “independiente” del Poder Ejecutivo para romper con siglos de subordinación política y garantizar que la investigación y persecución de los delitos se haga con objetividad, sin consignas ni presiones del gobierno en turno.
“El espíritu de la reforma fue claro: nunca más un fiscal al servicio del Presidente”, explica el constitucionalista Diego Valadés, uno de los redactores del dictamen original. “La vieja PGR era una extensión del Ejecutivo; se usaba para proteger a los amigos del poder y perseguir a los adversarios. Por eso se creó un órgano constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, nombrado y removible solo por el Senado”.
Las razones que motivaron esa histórica decisión fueron tres:
- Combatir la impunidad estructural: México arrastra tasas de impunidad superiores al 90%. Un fiscal subordinado al Presidente nunca iba a investigar a fondo casos de corrupción gubernamental, desvíos de recursos o violaciones graves a derechos humanos.
- Cumplir con el sistema penal acusatorio: Desde 2008 México adoptó un modelo donde el Ministerio Público es parte acusadora y no juez. Para que funcione, necesita independencia absoluta del gobierno, como ocurre en España, Alemania o Estados Unidos.
- Fortalecer el Estado de derecho: Un fiscal autónomo es un contrapeso real al poder presidencial, igual que lo son el Banco de México, el INE o el INAI.
Sin embargo, once años después de la reforma, especialistas y organismos internacionales coinciden en que la autonomía real aún está incompleta. El proceso de designación sigue siendo criticado por su opacidad y por la influencia que el Ejecutivo ejerce sobre la lista de candidatos; el presupuesto de la FGR continúa dependiendo de la Secretaría de Hacienda, y la remoción del fiscal por “causas graves” nunca ha sido regulada con claridad.
“Tenemos la autonomía en el papel, pero no en los hechos”, advierte Juan Carlos Gutiérrez, director de México Evalúa. “El caso de Ernestina Godoy, una persona cercana a la presidenta Sheinbaum y al proyecto de la 4T, reaviva el temor de que la Fiscalía siga siendo vista como un instrumento político”.
Organizaciones como la ONU, la CIDH y Transparencia Internacional han insistido en que la verdadera autonomía solo se logrará cuando:
- El nombramiento sea por concurso público abierto y no por terna enviada por el Presidente.
- La FGR tenga autonomía presupuestal plena.
- Exista un consejo fiscal ciudadano que supervise su actuación.
Mientras el Senado prepara la ratificación o el nuevo proceso para elegir al titular definitivo de la FGR, el país tiene ante sí la oportunidad —o el riesgo— de consolidar por fin el espíritu de la reforma de 2014: un fiscal que no le deba el cargo al Presidente, sino a la ley y a la sociedad.
Porque, como advirtió el propio Constituyente Permanente en 2014, “un fiscal dependiente es la puerta abierta a la impunidad y al autoritarismo”. Y México ya no puede permitírselo.
