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Acusación de Claudia Sheinbaum contra Alejandro “Alito” Moreno por lavado de dinero

El 1 de octubre de 2025, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó la expropiación de cuatro terrenos en Campeche —vinculados a familiares y presuntos prestanombres de Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI— y afirmó que estas propiedades fueron adquiridas con recursos provenientes de lavado de dinero y corrupción. Sheinbaum enfatizó que “lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción”, y utilizó el caso para justificar la necesidad de reformar la Ley de Extinción de Dominio, permitiendo una recuperación más rápida de bienes ilícitos para destinarlos a proyectos públicos, como la construcción de escuelas.

Detalles de la expropiación

Terrenos involucrados: Los predios suman aproximadamente 70,000 metros cuadrados en el fraccionamiento Miramar de Campeche. Uno de 1.4 hectáreas pertenece a Yolanda Mercedes Cárdenas Montero (madre de Moreno), y otros dos a Juan José Salazar Ferrer, arquitecto señalado como prestanombre del priista.

Destino: Servirán para edificar la Universidad de la Salud, parte de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”, promovida por el gobierno federal.

Contexto legal: La gobernadora de Campeche, Layda Sansores (Morena), impulsó una reforma estatal para declarar estos terrenos de “utilidad pública”, basada en un dictamen técnico del 26 de septiembre. Sheinbaum aclaró que cualquier extinción de dominio debe resolverse judicialmente, pero insistió en que casos como este demuestran la urgencia de agilizar procesos contra la corrupción.

Respuesta de “Alito” Moreno

Moreno rechazó categóricamente las acusaciones en un mensaje en X el mismo 1 de octubre, calificándolas de “falsas, calumnias y difamaciones” por parte de Sheinbaum, a quien acusó de “abuso de poder” desde la tribuna presidencial. Anunció que presentará denuncias en México e instancias internacionales, argumentando que su patrimonio es “lícito y transparente”, respaldado por fallos judiciales previos a su favor tras siete años de investigaciones. Además, contragolpeó señalando un “doble rasero” del gobierno de Morena: impunidad para casos como el de Adán Augusto López Hernández o los hijos de Andrés Manuel López Obrador, y persecución selectiva contra la oposición. Usó el hashtag #NoALaDictaduraComunistaYTerrorista para denunciar una supuesta “narcodictadura” y complicidad gubernamental con el crimen organizado.

Este intercambio ha escalado tensiones entre el gobierno federal y el PRI, con Moreno advirtiendo que no callará la voz de la oposición. En redes sociales, el tema generó debate, con publicaciones que repiten las posturas de ambos lados y critican el uso político de las acusaciones. El caso se basa en investigaciones previas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que han cuestionado el patrimonio de Moreno desde su gubernatura en Campeche (2015-2019). No hay resolución judicial reciente sobre estas propiedades específicas, pero el debate podría llegar al Congreso con la iniciativa de reforma anunciada por Sheinbaum.


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