El narcotráfico encontró aliados en gobiernos de izquierda en Latinoamérica
Ciudad de México, 3 de diciembre de 2025 – En los últimos años, múltiples acusaciones y evidencias han señalado una preocupante cercanía entre el narcotráfico y varios gobiernos de izquierda en América Latina. Fuentes estadounidenses, informes internacionales y análisis regionales apuntan a que regímenes ideológicamente alineados han facilitado –por acción u omisión– las operaciones de cárteles y redes criminales, convirtiéndose en aliados involuntarios o cómplices de un negocio que genera cientos de miles de millones de dólares anuales.
El caso más emblemático es Venezuela, donde el Departamento de Justicia de EE.UU. acusa directamente a Nicolás Maduro y altos funcionarios de liderar el “Cartel de los Soles”, una red integrada por militares que facilita el tráfico de cocaína hacia Norteamérica y Europa. Washington ofrece recompensas millonarias por el presidente y ha designado a esta estructura como organización terrorista.
En Bolivia, durante los gobiernos de Evo Morales, se ampliaron los cultivos de coca y se denunció una dependencia económica del narcotráfico, con funcionarios extraditados a EE.UU. por vínculos directos.
En México, la política de “abrazos, no balazos” de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) fue criticada por tolerar a los cárteles, mientras la violencia alcanzó récords históricos. Acusaciones de financiamiento narco a campañas de Morena y reuniones controvertidas con familiares de capos alimentaron la percepción de complacencia.
Otros ejemplos incluyen acusaciones históricas contra Cuba por facilitar rutas en los años 80, y críticas a gobiernos como los de Honduras bajo Xiomara Castro o Colombia con Gustavo Petro por políticas percibidas como blandas frente al crimen organizado.
Analistas conservadores argumentan que el discurso de justicia social ha servido de fachada para alianzas financieras con el narco, que inyecta recursos a campañas y economías informales. Por su parte, estos gobiernos niegan las acusaciones, atribuyéndolas a campañas de desestabilización imperialista y defendiendo enfoques humanitarios o de coordinación social contra la represión fallida.
La crisis de opioides en EE.UU., alimentada en gran parte por rutas latinoamericanas, ha intensificado la presión de Washington, que ahora designa cárteles como terroristas y amenaza intervenciones. En un continente donde la izquierda pierde terreno electoral, este vínculo –real o percibido– erosiona su credibilidad y fortalece narrativas de derecha sobre seguridad y Estado de derecho.
Mientras la región gira hacia gobiernos más conservadores, el debate persiste: ¿es el narcotráfico un aliado coyuntural de ciertos proyectos izquierdistas, o una calumnia para justificar injerencias externas? La respuesta definirá el futuro político y de seguridad en Latinoamérica.
