El huachicol fiscal: ¿Archivado en la congeladora? La nueva Fiscal General prioriza otros frentes mientras el escándalo de miles de millones duerme

 

Ciudad de México, 13 de diciembre de 2025 – El caso del “huachicol fiscal”, un esquema de evasión fiscal millonaria disfrazado de importaciones ilegales de hidrocarburos, sigue generando controversia nueve meses después de su estallido. Con pérdidas estimadas en hasta 200 mil millones de pesos para las arcas públicas, el asunto ha salpicado a figuras cercanas al poder morenista, incluyendo al hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, bajo la gestión de Ernestina Godoy, la flamante Fiscal General de la República (FGR) –nombrada apenas el 4 de diciembre–, no se vislumbran avances significativos. En cambio, la FGR ha reactivado expedientes contra opositores políticos, avivando acusaciones de selectividad en la procuración de justicia.

Orígenes del escándalo: Un robo “fiscal” que trasciende el huachicol tradicional

El término “huachicol fiscal” surgió en septiembre de 2025, cuando la FGR y la Secretaría de la Marina (Semar) desmantelaron una red que simulaba importaciones de combustibles para evadir impuestos como el IVA e IEPS, en lugar del robo directo de ductos de Pemex. El golpe inicial fue histórico: un decomiso de 2 millones de litros de diésel en Tamaulipas, valorado en 40 millones de pesos, junto con la detención de 14 personas, entre ellas un vicealmirante de la Semar, el exjuez del caso “Los Porkys” y empresarios vinculados a puertos como Dos Bocas y Altamira.

La investigación reveló una red de 555 empresas fantasma y ocho puertos implicados, con nexos al crimen organizado. Según reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la FGR, el esquema operó durante años, generando pérdidas anuales de al menos 77 mil millones de pesos solo en 2024. Entre los nombres destacados figura Raúl Rocha Cantú, empresario tabasqueño convertido en testigo protegido el 5 de diciembre, cuyas cuentas fueron congeladas por la UIF ese mismo día.

El caso escaló políticamente cuando, el 10 de septiembre, el diputado del PAN José Luis García Zalvidea presentó una denuncia contra Andrés Manuel López Beltrán –hijo del expresidente López Obrador– por su presunta participación en la red, basada en evidencias de la FGR. Aunque la denuncia no ha prosperado, ha alimentado especulaciones sobre “huachicol fiscal 2.0”, un modelo más sofisticado y global que combina ejecución física con diseño digital.

¿En la congeladora? Estancamiento y críticas a la FGR de Gertz Manero

La expresión “en la congeladora” –un eufemismo mexicano para archivar casos sensibles– ha circulado en redes y análisis periodísticos para describir el letargo del expediente bajo Alejandro Gertz Manero, fiscal saliente hasta el 28 de noviembre. A pesar de las detenciones iniciales, el caso se ha descrito como “aislado y particular”, sin ramificaciones profundas en instituciones como la Semar o aduanas. En noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum admitió que aún faltaba “cuadrar información” para querellas por 16 mil millones de pesos, pero no se reportaron avances sustantivos.

El 3 de diciembre, un juez federal negó el descongelamiento de cuentas a Humberto Enrique López Arellano, capitán de la Semar ligado al caso, lo que sugiere que la maquinaria judicial aún opera en lo periférico. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrió 109 carpetas penales en 2025 por fraudes similares, con un perjuicio de 22 mil millones de pesos, enfocándose en hidrocarburos y aduanas.

Ernestina Godoy: ¿Justicia selectiva o prioridades políticas?

Ernestina Godoy, exprocuradora de Justicia de la CDMX y cercana a Sheinbaum, asumió la FGR el 4 de diciembre con un mandato de nueve años, ratificado por el Senado con 74 votos. En su primer mensaje, prometió un “Plan Estratégico de Procuración de Justicia” contra la corrupción, incluyendo el huachicol, y enfatizó que “no se protegerá el huachicol ni la corrupción”.

No obstante, sus primeras acciones han generado escepticismo. El 8 de diciembre, la FGR detuvo a César Duarte, exgobernador de Chihuahua (PRI), por lavado de 96 millones de pesos –un caso heredado de 2024–. Días después, reactivó un expediente de 2004 contra María Amparo Casar, académica crítica de la 4T, por un accidente vial, avivando denuncias de persecución política.

En paralelo, la FGR reportó avances en la “Estafa Maestra”, recuperando 62.8 millones de pesos. Pero sobre el huachicol fiscal, silencio. Godoy nombró a César Oliveros como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Organizados (FEMDO), heredando rezagos en este y otros casos como Segalmex.

En X (antes Twitter), la indignación es palpable. Usuarios cuestionan las prioridades de la nueva fiscal, señalando que en lugar de avanzar en casos como el huachicol fiscal, Segalmex o La Barredora, se enfoca en perseguir a críticos del gobierno.

¿Hacia dónde va el caso? Expectativas y sombras

Expertos como Arturo Carranza, director de Pemex Logística, advierten que el huachicol –fiscal o no– podría escalar en 2025, con 26 mil tomas clandestinas acumuladas en dos años y un repunte en gas LP. La presidenta Sheinbaum ha calificado el decomiso inicial como “el más importante de este gobierno”, prometiendo más acciones. Sin embargo, sin una depuración profunda en la FGR –minada por “expedientes explosivos”, según analistas–, el riesgo de que el huachicol fiscal permanezca “en la congeladora” persiste.

Movimiento Ciudadano, por su parte, exige “acciones efectivas” contra este delito. Mientras, la UIF y el SAT continúan su labor paralela, pero la FGR –ahora bajo Godoy– guarda la llave. ¿Revivirá el caso o se sumará a la lista de impunidades? Solo el tiempo, y el Plan Estratégico prometido, lo dirán.